Los retos de futuro de las carreteras pasan por mejorar la información la intermodalidad y la adaptación al vehículo eléctrico. La gestión compartimentada de la red de carreteras complica las posibles actuaciones a desarrollar.
Valentín Aceña es el Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y Actuación en Infraestructuras de la Diputación de Barcelona.
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La red de carreteras de Catalunya es el resultado de la ejecución de diversos documentos de planificación realizados durante los últimos 250 años. La Mancomunidad fue la primera administración que fijó unos objetivos de política vial moderna. A lo largo del siglo XX es la red básica del Estado la que más evoluciona. La dotación vial en España es muy alta respecto al resto de países europeos. Hay mucho trabajo ya hecho y, por tanto, la creación de carreteras no será la tarea principal durante los próximos años para mejorar la gestión de las carreteras.
Actualmente la red de carreteras cuenta con cerca de 12.000 km y está repartida entre el Estado, la Generalitat y las Diputaciones. Esto “es una debilidad” para Aceña, al igual que la seguridad y la sostenibilidad de los materiales que se utilizan son puntos a mejorar.
Los principales desafíos de este sector según Valentín Aceña son la lucha contra la contaminación generada por el transporte y la mejora de la seguridad vial aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Fruto de los avances tecnológicos, Aceña apunta diversas potencialidades de futuro: “un mayor servicio de información a los usuarios, una apuesta por la intermodalidad y la conectividad con otros transportes y la adaptación de la red al vehículo eléctrico”.
Potencialmente, las carreteras catalanas también tendrán que encontrar un sistema más justo de financiación. En cuanto a los materiales, se debería apostar por el reciclaje de pavimentos, la aplicación de residuos constructivos y marcas viales luminiscentes recargables.
Como principales riesgos se encuentran la judicialización de la gestión de las carreteras, la desconfianza de la población respecto a la obra pública y la falta de adaptación a la nueva situación actual con menos recursos económicos.
